FR :

La Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) et la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (DADDH) ont maintenant cinquante ans. Elles s’inscrivent dans un long processus — à ce jour inachevé — d’affirmation et de protection des droits de l’homme, et en sont devenues, en fait, le fondement. Avant 1948, aucun instrument international n’avait encore défini ni précisé quels étaient ces droits. Les Déclarations de 1948 donnaient enfin à ceux-ci une assise, qu’ils soient de nature civile et politique, ou qu’il s’agisse de droits économiques, sociaux ou culturels. Elles ne constituaient pas cependant des traités et n’imposaient donc pas aux États de contraintes spécifiques.

Par un processus du plus haut intérêt juridique, elles ont mené à l’affirmation de la pleine exigibilité juridique des droits y affirmés, en dépit de la réticence initiale d’États alors soucieux de leur souveraineté. Divers pactes, conventions et protocoles ont au fil des ans raffermi ce parti pris, consolidé par l’établissement de systèmes universel et régionaux de promotion et de protection des droits de l’homme et l’ont complété tout récemment par l’avènement d’un appareil judiciaire international. Le développement normatif dont les Déclarations ont constitué le point de départ est attesté par l’existence aujourd’hui d’une centaine de conventions multilatérales adoptées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et portant sur les droits de l’homme.

La DADDH, quant à elle, aura posé de manière plus précise le problème de l’application de la notion de devoirs dans le domaine des droits de l’homme. Selon l’auteur, il suffit même d’observer l’évolution récente de l’humanité au cours des dernières décennies pour constater jusqu’à quel point l’élaboration d’instruments relatifs aux devoirs des hommes s’avère pertinente à notre époque. Nul ne doute, aujourd’hui de l’interdépendance et de l’intégralité des droits de l’homme, ni de leur caractère universel, lequel procède de l’essence même de ces deux grandes Déclarations. Célébrer le cinquantième anniversaire de celles-ci suppose qu’on soit conscient de leur caractère historique, mais surtout, cela implique que l’on soit averti du fait que le processus reste inachevé et qu’il faut persister, travailler à l’établissement de nouveaux mécanismes internationaux de protection des droits, et se consacrer résolument à la lutte contre la pauvreté comme à la lutte pour l’élimination de l’injustice, de l’exclusion et de la discrimination. Viser à l’harmonie entre la réalité et le corps normatif développé à ce jour demeure un idéal constant.

EN :

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the American Declaration of the Rights and Duties of Man (ADRDM) are now fifty years old. They are part of a long, ongoing process aimed at asserting and protecting human rights, and these Declarations have, in fact, become their foundation. Prior to 1948, none of the international instruments had yet defined or elaborated these rights. The 1948 Declarations finally provided a basis for these rights, be they civil or political, or rather economical, social or cultural rights. However, these Declarations were not treaties and as such did not impose any specific restrictions on States.

Through a process that is of great legal interest, these Declarations have led to the assertion of the binding nature of the legal rights affirmed therein, despite the initial reluctance of States that were concemed about their sovereignty. Over the years, various conventions, pacts and protocols have strengthened this preference, reinforced by the development of universal and regional systems aimed at promoting and protecting human rights, and was recently consolidated by the advent of an international judicial system. The normative development that was initiated by the Declarations is evidenced by the mere existence of about a hundred multilateral conventions dealing with human rights that have been adopted within the United Nations.

The ADRDM, on the other hand, dealt more directly with the question of the application of the notion of duties in the area of human rights. According to the author, one has only to observe the evolution of humankind over the last few decades to see how pertinent the elaboration of instruments dealing with the duties of man is for our era.

Nowadays no one doubts the interdependence and comprehensiveness of human rights, nor their universal character, which originates from the very nature of these two important Declarations. Celebrating their fïftieth anniversaiy suggests that we are conscious of their historical nature, but above ail it implies that we are alerted to the fact that the process is incomplète. The need to persist, to work towards establishing international mechanisms for the protection of rights and to steadfastly dedicate ourselves to the fight against poverty as well as the struggle to eliminate injustice, exclusion and discrimination, is also implied. Aspiring for a convergence between reality and the body of norms developed to date is an ideal that remains constant.

ES :

La Declaración universal de los derechos del Hombre (DUDH) y la y la Declaración americana de los derechos y deberes del Hombre (DADDH) ya tienen cincuenta años. Se inscriben en un largo proceso todavía inacabado de afirmación y de protección de los derechos del hombre, y de hecho, constituyen hoy su fundamento. Antes del 1948, ningún instrumento internacional había definido ni precisado cuáles eran estos derechos. Las Declaraciones de 1948 daban finalmente una base a éstos, que sean de naturaleza civil y polltica, o que se trate de derechos económicos, sociales o culturales. Sin embargo, no constituían tratados y entonces, no imponían restricciones especificas a los Estados.

Por un proceso del más alto interés jurídico, han conducido a la afirmación de la total exigibilidad jurídica de los derechos afirmados en ellas, a pesar del rechazo inicial de los Estados preocupados entonces por su soberanía. Diversos pactos, convenciones y protocolos reforzaron con los años esta preferencia, consolidada por el establecimiento de los sistemas universal y regionales de promoción y de protección de los derechos del hombre y lo completaron hace poco por el advenimiento de un aparato judicial internacional. El desarrollo normativo del cual las Declaraciones han constituido el punto de salida fue atestado por la existencia hoy en día de un centenar de convenciones multilaterales adoptadas en el marco de la Organización de la Naciones Unidas y tratando de los derechos del hombre.

La DADDH, por su parte, habrá expuesto de forma más precisa el problema de la aplicación de la noción de deberes en el campo de los derechos del hombre. Según el autor, basta con observar la evolución reciente de la humanidad durante las últimas décadas para constater hasta que punto la elaboración de instrumentos relativos a los deberes de los hombres puede ser pertinente en nuestra época.

Nadie pone en duda, hoy en día la interdependencia y la intergralidad de los derechos del hombre, tampoco su carácter universal, el cual procede de la esencia misma de esas dos grandes Declaraciones. Celebrar el cincuentenario de ésas supone que estemos conscientes de sur carácter histórico, pero, sobre todo, éso implica que estemos informados del hecho que el proceso queda inacabado y que tenemos que persistir, que trabajar en el establecimiento de nuevos mecanismos internacionales de protección de los derechos, que dedicarnos con resolución a la lucha contra la pobreza así como a la lucha por la eliminación de la injusticia, de la exclusión y de la discriminación. Tender hacia la harmonía entre la realidad y el cuerpo normativo desarrollado hasta hoy sigue siendo un ideal de todos los días.

ES :

Desde su creación la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, CIDH, ha desarrollado numerosas y diversas actividades para cumplir con su mandato. La prioridad en las actividades de la Comisión ha estado siempre vinculada a su propio desarrollo y, en particular, a la situación por la que ha atravesado el hemisferio. Frente a una América Latina sumergida en regímenes militares y sometida a violaciones masivas de los derechos fundamentales, las visitas «in loco» y los informes sobre situaciones fueron la forma más adecuada de responder, en ese contexto. La ola democratizadora que se inició en los ochenta y que permitió el establecimiento de gobiernos electos popularmente en casi todos los Estados del hemisferio, cambió radicalmente la situación de los derechos humanos en la región. Para el autor, no hay duda que la CIDH ha sabido enfrentar cambiantes realidades y que ha establecido una variada gama de herramientas para el mejor logro de sus funciones.

Sin embargo la CIDH fue immersa en un agudo debate sobre el papel que la promoción de los derechos humanos deberla jugar en el sistema interamericano y, en particular, en sus actividades. Este debate pone en particular relieve la cuestión de las prioridades de la CIDH en su trabajo y en la asignación de sus recursos. A solicitud de la Asamblea General de la OEA, la CIDH preparó un proyecto de Programa interamericano de promoción de los derechos humanos. En éste, la Comisión, y ahora el Dr. Taiana en su articulo como actor de primer plano en este debate, reafirman que la protección debe ser la función principal de la CIDH y que las formas de promoción divulgadora y educativa deben ser encaradas por ésta sin distraer recursos ni importancia a sus actividades de protección, a pesar del creciente interés por la «promoción». El autor reitera también, como la CIDH en el Programa, que las posibilidades de realización del mismo descansan en la actividad que ya realiza el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH, asl como en la acción de numerosos actores al nivel nacional de cada estado. Por último, éste describe les características del Programa, sus objetivos, áreas y actividades programáticas y a titulo indicativo enumera los distintos proyectos, incluyendo el órgano ejecutor de cada uno y señalando si se encuentran en ejecución o si se trata de nuevas propuestas.

FR :

Depuis sa création la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a développé de nombreuses et diverses activités afin de remplir son mandat. Les activités prioritaires de la Commission ont toujours été liées à son propre développement et, en particulier, à la situation prévalant dans l’hémisphère. Face à une Amérique latine submergée par les régimes militaires et soumise à des violations massives des droits fondamentaux, les visites « in loco » sur le terrain et les rapports sur la situation des droits de l’homme dans un État déterminé constituèrent les formes les plus adéquates de réagir dans un tel contexte. La vague démocratisante qui s’initia dans les années quatre-vingt et qui permit l’établissement de gouvernements élus populairement dans presque tous les États de l’hémisphère, changea radicalement la situation des droits de l’homme dans la région. Pour l’auteur, il n’y a aucun doute : la CIDH a su faire face aux réalités changeantes et mettre en place une gamme variée d’instruments lui permettant d’assurer un meilleur exercice de ses fonctions.

Toutefois, la CIDH fut plongée dans un débat aigu portant sur le rôle que la promotion des droits de l’homme devrait jouer dans le système interaméricain et, en particulier, dans ses activités. Ce débat met spécialement en relief la question des priorités dans le travail de la CIDH ainsi que celle de la distribution de ses ressources. À la demande de l’Assemblée générale de l’OÉA, la CIDH a préparé un projet de Programme interaméricain de promotion des droits de l’homme. Dans ce Programme, la Commission et maintenant le Dr. Taiana dans son article, comme intervenant de premier plan dans ce débat, réaffirment que la protection doit être la fonction principale de la CIDH et que les formes de promotion éducative et vulgarisée doivent être envisagées de façon à ne pas distraire ses ressources, ni l’importance de ses activités de protection, malgré l’intérêt croissant qui se manifeste envers la « promotion ». L’auteur, tout comme la CIDH le fit, réitère que les possibilités de réalisation du Programme reposent sur l’activité de l’institut interaméricain des droits de l’homme (IIDH) et sur l’action de nombreux acteurs sur la scène nationale de chaque état. En fin d’article, ce dernier présente les caractéristiques de ce Programme, ses objectifs, ses secteurs d’action, ses activités et, à titre d’indication, il énumère les différents projets y figurant, dont l’organisme responsable de leur réalisation, et si ceux-ci se trouvent en cours de réalisation ou s’il s’agit de nouvelles propositions.

EN :

Since its creation the Inter-American Commission on Human Rights (ICHR) has established numerous and various activities with the view of fulfilling its mandate. The primary activities of the Commission have always been linked to its own development and, in particular, to the overall situation prevailing in the hemisphere. As Latin America was coping with military regimes and was submitted to gross violations of fondamental human rights on-site observations and reports on the situation of human rights in a specific state were the most appropriate reactions to such circumstances. The wave of democratization that began in the 1980’s, which permitted the establishment of governments elected by the people in almost every State radically changed the situation of human rights in the region. For the author, there is no doubt that the ICHR was able to deal with changing realities and put in place a variety of tools to enable it to ensure a better achievement of its fonctions.

Nonetheless, the ICHR was immersed in a heated debate over what role the promotion of human rights should play in the Inter-American System and, in particular, in its own activities. This debate highlighted the issue of the ICHR's priorites in its activities as well as the distribution of its resources. At the request of the General Assembly of the OAS, the ICHR prepared a draft of an Inter-American Program for the promotion of human rights. In its program the ICHR, one of the principal interveners in the debate, reaffirms, much like the author as one of the principal protagonists in this debate does in this article, that its principal fonction should be the protection of human rights. Furthermore, ICHR's activities aimed at promoting human rights, such as educational and divulging programs, should be envisaged in such a way as not to distract neither resources, nor importance of its activities aimed at protection, despite the growing interest in the “promotion”. The ICHR has also reiterated that the success of the Program rests on the work of the Inter-American Institute on Human Rights, IIDH, as well as the actions of those actors at the national level within each State.

In the conclusion to his article the author describes the characteristics of this Program, its objectives, the areas in which it will be active as well as its activities. In addition, the author also enumerates the different projects included in the program, such as the organisation responsible for their execution and points out if those projects are currently underway or if they constitute new proposals.

EN :

The fiftieth anniversary of the American Declaration of the Rights and Duties of Man provides an appropriate opportunity to survey the state of democracy in our hemisphere and the role of the Organization of American States. Beginning in the mid 1980’s important progress in the establishment or restoration of democracy was made in a number of the Member States of the OAS, and the region today exhibits the majority of countries having completed the “transition” to democracy. At the same time many countries are still faced today with the challenge of the “consolidation” of democracy. The OAS has responded to this formidable challenge by adopting a collective and collaborative approach. Important amendments were made to the OAS Charter in order to implement the organization’s consensus regarding its obligation to preserve and uphold democracy in the region. Likewise, and as complements to the amendments, the OAS has also developed new mechanisms, such as the Unit for the Promotion of Democracy, policies such as the Inter-American Program to Combat Poverty and instruments like the Inter-American Convention Against Corruption, in order to contribute to the longer-term support of the consolidation of democracy. The continued viability of the Organization will depend on its ability to assimilate the changes occurring in the hemisphere as it evolves and to adapt its role to the emerging needs of the Member States, all while playing to its comparative advantage as the regional political forum of the Americas.

FR :

Le cinquantième anniversaire de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme offre une occasion de faire le point sur l’état de la démocratie dans notre partie du monde et du rôle de l’Organisation des États américains. Dès le milieu des années 80, d’importants progrès ont été faits dans la mise en oeuvre ou la restauration de la démocratie dans plusieurs États membres de l’OÉA et nous constatons aujourd’hui dans la région que la majorité des États ont achevé leur « transition » vers la démocratie. Cependant, plusieurs pays ont encore un défi à surmonter : celui d’en arriver à consolider cette démocratie. Afin de fournir l’aide nécessaire pour relever ce défi de taille, l’OÉA a souscrit à une approche collective et coopérative. Des modifications importantes ont été apportées à sa Charte pour promouvoir le consensus de l’organisation relativement à son obligation visant à protéger et maintenir la démocratie dans la région. Par ailleurs, et en sus de ces modifications, l’OÉA a élaboré des mécanismes, tels que l’Unité chargée de Promouvoir la Démocratie, des politiques, telles que le Programme interaméricain pour vaincre la pauvreté, ainsi que des conventions, telles que la Convention interaméricaine contre la corruption, afin de donner une fondation solide à la consolidation de la démocratie à plus long terme. Les chances de survie de l’organisation dépendent de sa capacité à faire face aux changements qui ont cours dans notre partie du monde et dans son habilité à évaluer et à s’adapter aux nouveaux besoins des États membres, tout en profitant de sa position avantageuse à titre de tribune politique régionale des Amériques.

ES :

El cincuentenario de la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre ofrece una oportunidad de recapitular sobre el estado de la democracia en nuestra parte del mundo y sobre el papel de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Desde la mitad de los años 80, importantes progresos se han hecho en la puesta en marcha o la restauración de la democracia en numerosos Estados miembros de la OEA. Constatamos hoy, en la región, que la mayoría de los Estados han acabado su «transición» hacia la democracia. Sin embargo, muchos países todavía tienen un desafio por adelante: el de llegar a «consolidar» esta democracia. Con el fin de proporcionar la ayuda necesaria para superar este desafio enorme, la OEA ha eligido un enfoque colectivo y cooperador. Modificaciones importantes han sido aportadas a la Carta de la OEA para promover el consenso de la organización con relación a su obligación de proteger y mantener la democracia en la región. Por otra parte, además de estas modificaciones, la OEA ha elaborado mecanismos, tales como la Unidad encargada de Promover la Democracia; politicas, como el Programa interamericano para vencer la pobreza, y convenciones, como la Convención Interamericana Contra la Corrupción, con el objetivo de dar un fundamento sólido a la «consolidación» de la democracia a plazo más largo. Las posibilidades de sobrevivencia de la organización depende de su capacidad de asimilar los cambios que ocurren en nuestra región y de su habilidad a evaluar y a adaptarse a las necesidades emergentes de los Estados miembros, todo eso aprovechando su posición ventajosa como tribuna política regional de las Américas.

FR :

Promulguées à la même époque, la Déclaration universelle des droits de l’Homme et la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, ont chacune eu une évolution différente. Alors que le cinquantenaire de la première a été largement souligné, celui de la seconde s’est fait plus discret. Pourtant, la Déclaration américaine s’est imposée à tous les États membres de l’Organisation des États américains de manière exceptionnelle. De plus, loin d’être éclipsée par l’adoption de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, son autorité a plutôt été renforcée.

L’article de Carol Hilling souligne le rôle de la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme dans l’évolution du statut juridique de la Déclaration américaine. L’article fait également état de la portée tout à fait particulière du système interaméricain de protection des droits de la personne qui offre même au Canada la possibilité d’obtenir des réponses à ses interrogations concernant la Convention américaine avant de la ratifier.

EN :

Although they were adopted in the same period, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the American Declaration of the Rights and Duties of Man (ADRDM) have since evolved differently: whereas the 50^th anniversary of the UDHR was much emphasized, that of the ADRDM went almost unnoticed. And yet, the ADRDM was imposed in an exceptional manner on all member States of the Organization of American States. Furthermore, far from being overshadowed by the adoption of the American Convention on Human Rights, its authority has been reinforced.

This article by Carol Hilling emphasizes the role of the Inter-American Commission on Human Rights within the evolution of the juridical status of the ADRDM. The article also analyzes the very distinctive scope of the Inter-American System of protection of human rights which, it is suggested, even offers Canada the possibility of answering its questions regarding the American Convention before the latter's ratification.

ES :

Promulgadas en la misma época, la Declaración universal de los derechos del Hombre y la Declaración americana de los derechos y deberes del Hombre, tuvieron una evolución distinta. Mientras que el cincuentenario de la primera fue ampliamente subrayado, el de la segunda se hizo más discreto. Sin embargo, la Declaración americana se impuso a todos los Estados miembros de la Organización de los Estados americanos de forma excepcional. Además, lejos de ser eclipsada por la adopción de la Convención americana relativa a los derechos del Hombre, su autoridad fue más bien reforzada.

El articulo de Carol Hilling subraya el papel de la Comisión interamericana de los derechos del hombre en la evolución del estatuto jurídico de la Declaración americana. El articulo también tiene cuenta del alcance del todo particular del sistema interamericano de protección de los derechos de la persona que ofrece, hasta en Canadá, la posibilidad de obtener respuestas a sus interrogaciones en cuanto a la Convención americana antes de ratificarla.

FR :

Dans ce discours d’acceptation prononcé à l’occasion de son agrégation à l’Académie des sciences politiques et sociales du Venezuela, à titre d’officier, l’auteur se livre d’abord à un panégyrique de l’éminent juriste qu’était Andrés Aguilar Mawdsley, décédé peu de temps auparavant; l’auteur aura la lourde responsabilité d’occuper le fauteuil laissé vacant par le disparu. La Revue reprend ce discours qui constitue en fait un résumé du Travail d’agrégation soumis par l’auteur à l’Institut.

Ce texte portait sur le rôle qu’ont joué les Nations Unies dans les processus de paix au Salvador et au Guatemala, au cours des années quatre-vingt-dix; l’auteur affirme que ce rôle fut d’une telle importance qu’il s’inscrit à titre de référence dans l’histoire de cette Organisation. Il ne faut pas croire, ajoute-t-il, que ce fut une action à caractère strictement local ou régional : elle constitue en fait un précédent, susceptible d’avoir des répercussions ailleurs dans le monde.

L’auteur rappelle en effet que malgré que leurs racines profondes aient plongé dans l’histoire des deux pays mentionnés, les guerres en Amérique Centrale ont eu une importante dimension internationale. Elles ont donné lieu à des opérations inusitées des Nations Unies, qui portaient sur des conflits armés non-internationaux; toutefois, c’est surtout le contenu des Accords de paix intervenus entre les parties — accords résumés ici succinctement par l’auteur — qui a véritablement conféré sa dimension historique à cet effort, surtout par rapport aux activités des Nations Unies et à l’évolution du droit international, à cause en particulier de la place centrale qu’y ont prise les droits de l’homme. Mentionnons, à titre d’illustrations, l’établissement d’une Mission de vérification des Nations Unies en matière de droits de l’homme au Salvador, puis de « commissions de vérité » chargées de faire la lumière sur les graves violations des droits de l’homme antérieures aux Accords de paix, et la conclusion d’accords touchant le système judiciaire, la création d’un Bureau national du Procureur des Droits de l’Homme (Ombudsman) et la mise sur pied d’une force entièrement nouvelle de Police civile à l’échelle nationale. Pour l’auteur, un nouvel outil d’édification de la paix s’est créé et se perfectionne en Amérique Centrale. Il s’agit d’une irréversible internationalisation de la promotion et de la protection des droits de l’homme, qui ne contreviendrait pas au paragraphe 7 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies.

Indépendamment de leurs répercussions éventuelles sur l’avenir, les expériences présentées dans cet exposé constituent une extraordinaire réussite de la solidarité internationale en faveur de la cause de la paix, de la justice et du respect intégral des droits de l’homme; l’essor de la promotion et de la protection de ces droits constitue l’une des plus grandes conquêtes de l’humanité dans la seconde partie du XX^e siècle.

Établissant enfin un parallèle avec la situation à l’intérieur de son propre pays, l’auteur sedemande pourquoi de tels progrès tardent tant à se réaliser au Venezuela, pays démocratiquepourtant, et qui, à ce jour, ne connaît pas la guerre civile.

EN :

In this acceptance speech given during his incorporation, as officer, into the Academy of Political and Social Sciences of Venezuela, the author begins by paying tribute to Andrés Aguilar Mawdsley, the eminent jurist who had recently passed away. In fact, the author now faces the formidable challenge of filling the vacancy left behind by the latter. The Review is publishing this speech, which is in fact a summary of the author’s work for his incorporation to the Institute.

The address discussed the role of the United Nations into the peace processes of El Salvador and Guatemala during the 1990’s. The author affirms that the UN’s role was so pivotal that it is to be considered a milestone in the organisation’s history. The author adds that one must not conceive of the UN’s action as merely of a local or regional character, and that it in fact establishes a precedent capable of having repercussions elsewhere in the world.

The author reminds us that despite the fact that their deep roots are firmly entrenched in the two countries’ histories, wars in Central America had a very significant international dimension. These wars resulted in the United Nations employing exceptional operations aimed at armed conflicts that were not of an international character. However, it is the content of the peace Accords adopted by the parties, succinctly summarised herein, that above all has given this phenomenon its historical significance. This significance is especially evident in the UN’s activities and the evolution of international law, particularly as a result of the central role played by human rights in those Accords.

As illustrations, we can mention the establishment of a United Nations human rights Verification Mission in El Salvador, of "truth commissions" charged with inquiring into gross violations of those rights that were prior in time to the peace Accords, as well as agreements dealing with the judicial system, the creation of a national Office of the Human Rights Prosecutor (Ombudsman), and the establishment of an entire new National Civilian Police force. The author suggests that a new tool for the edification of peace has been created and is being refined in Central America. This irreversible internationalisation of the promotion and protection of human rights would not infringe Article 2, paragraph 7, of the Charter of the United Nations.

Regardless of their eventual repercussions on the future, the experiences presented in this exposé constitute an extraordinary success in the international solidarity for peace, justice and the full respect for human rights. The expansion of the promotion and protection of human rights is one of humanity’s greatest triumphs of the second half of the 20th century.

Finally, drawing a parallel with the situation within his own country, the author questions why such progress is so late in coming to Venezuela, which is indeed a democratic state, and one that is not experiencing civil war as of today.

ES :

En este discurso de aceptación pronunciado en la ocasión de su admisión en cualidad de oficial en la Academia de ciencias politicas y sociales de Venezuela, el autor se dedica en un primer tiempo a un panegírico del eminente jurista que era André Aguilar Mawdsley, fallecido poco antes. El autor tendrá la importante responsabilidad de ocupar el asiento que dejó vacío el desaparecido. La Revista vuelve a presentar este discurso que constituye un resumen del Trabajo de agregación sometido por el autor al Instituto.

Este texto trataba del papel desempellado por las Naciones Unidas en los procesos de paz en Salvador y Guatemala durante los años noventa. El autor afirma que este papel fue de tal importancia que se inscribe como referencia en la historia de esta Organisación. No se debe creer, allade Nikken, que fue una acción de alcance estrictamente local o regional : constituye en realidad un precediente susceptible de tener repercusiones en otros lugares del mundo.

ES :

«La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, (DADDH) y las declaraciones subsecuentes, representan un catálogo de expectativas insatisfechas para los pueblos de América». Así empieza este eficaz análisis del autor sobre la aplicación concreta de la noción del acceso a la jurisdicción en el campo penal, situación protegida por muchas disposiciones de la DADDH. El autor observa seis aspectos de esta protección que confronta con la realidad de la justicia penal en México y en algunos otros países de América latina. Esos aspectos, que giran en torno a ciertos derechos mas fundamentales reconocidos en la DADDH son, en el orden : 1) El derecho de justicia o sea el derecho de toda persona acusada de hacer valer sus derechos, 2) El derecho a proceso regular, o sea, a ser juzgado por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes pre-existentes, y 3) De gozar de la presunción de inocencia así como de ser oldo en forma imparcial y pública, 4) El derecho a disponer de un procedimiento sencillo y breve, de la naturaleza del recurso de amparo o de Habeas corpus, por el cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen algunos de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente; 5) el derecho de no verse imponer penas crueles, infamantes o inusitadas así como de gozar de un tratamiento humano durante su privación de libertad y, en fin, 6) el derecho para las víctimas de la comisión de un delito de ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos tanto con lo que respecta al Estado como lo que respecta a los particulares. El articulo se concentra sobre los procedimientos legales y la práctica cotidiana en México y demuestra como los desarrollos recientes en ese país conducen el sistema penal mexicano hacia un sistema inquisitorial más bien que acusatorio, y eso, en detrimento, según el autor, de una plena protección de los derechos individuales, como, de forma más especifica, los derechos de los acusados.

FR :

« La Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (DADDH), et les déclarations subséquentes, représentent une liste d’attentes insatisfaites pour les peuples d’Amérique ». C’est ainsi que s’ouvre cette efficace analyse de l’auteur portant sur l’application concrète de la notion d’accès à la justice dans le domaine pénal, situation protégée par plusieurs dispositions complémentaires de la DADDH. L’auteur jette un regard sur six aspects de la protection à cet égard qu’il confronte à la réalité de la justice pénale au Mexique et dans quelques autres pays de l’Amérique latine. Ces aspects, qui pivotent autour des droits les plus fondamentaux reconnus dans la Déclaration sont dans l’ordre : 1) le droit à la justice, qui permet à toute personne accusée de recourir aux tribunaux pour faire valoir ses droits, 2) le droit à un procès régulier, c’est-à-dire d’être jugé par des tribunaux antérieurement établis en vertu des lois déjà existantes, et 3) le droit à la présomption d’innocence comme celui de pouvoir se faire entendre lors d’une audience impartiale et publique, 4) le droit à une procédure simple et rapide, de la nature du recours « de amparo » ou de Habeas corpus, établie afin de permettre à la justice de protéger toute personne contre les actes de l’autorité violant certains droits fondamentaux reconnus par la Constitution; 5) le droit de ne pas se voir condamner à des peines cruelles, dégradantes ou inusitées comme celui de bénéficier d’un traitement humain au cours de sa détention; et enfin 6) le droit pour les victimes de la commission d’un délit de faire également valoir leurs droits autant à l’égard de l’État que de particuliers devant les tribunaux. L’article se concentre sur les procédures et la pratique quotidienne en rapport avec ces droits au Mexique et démontre comment les développements récents dans ce pays conduisent le système pénal mexicain vers un système inquisitoire plutôt qu’accusatoire et ce, au détriment, selon l’auteur, d’une pleine protection des droits individuels, comme de ceux plus spécifiques des accusés.

EN :

"The American Declaration of Rights and Duties of Man (ADRDM) and subsequent declarations outline a list of unsatisfied expectations for the American people" affirms in its introduction the author, in this effective analysis dealing with the concrete application of the concept of access to justice protected by a number of complementary provisions of the ADRDM. The author examines six aspects of this protection which he opposes to the reality of the penal justice in Mexico and in other Latin American countries. These aspects, pivoting around the most basic rights of the Declaration, are as follows: 1) the right for all accused to a fair trial; 2) the right to due process of law, that is to be judged by courts previously established in accordance with pre-existing laws, and 3) to be presumed innocent and to be given an impartial and public hearing; 4) the right to a simple, brief procedure, in the nature of a writ of Habeas corpus in order to protect any person from acts of authority that violate any fondamental constitutional rights; 5) the rights for the accused not to receive cruel, infamous or unusual punishment and to humane treatment during the time he is in custody; and, finally, 6) the right for victims to resort to the courts to ensure respect for their legal rights, be it with respect to the States or individuals. The article is focusing on legal procedure and daily practice in Mexico and demonstrates how recent developments in that country have promoted an inquisitorial penal system rather than an accusatory system which result, according to the author, in a loss in terms of the full respect of individual rights and, particularly, of those of the accused.

EN :

This article explores why the practice of states in the Americas has been slow to comply with the human rights of women since the adoption of the American Declaration of the Rights and Duties of Man in 1948. The article explains that since states tend to obey international law as a result of repeated interaction among transnational actors, a first step toward fostering compliance is to empower more actors concerned with women, particularly marginalized women, to participate in the process. A next step is to explore how the available forums at both the regional and international levels have been and could be used to apply human rights to the harms experienced by women. Consistent with this step, the article reviews the case law concerning women developed by the Inter-American Court of Human Rights, the Inter-American Commission on Human Rights and the international treaty bodies. A third step toward fostering compliance is to assess strategies of how best to internalize women’s rights into domestic laws, policies and practices. Pursuant to this step, the article identifies some of the key concluding observations in the country reports of treaty bodies, and notes that most states have yet to change their laws to comply with these observations. The article concludes by examining how sanctions and rewards, or a mixture of the two, could be used to improve compliance with the human rights of women in the future.

FR :

Cet article examine les raisons pour lesquelles les États des continents américains ont tardé à se conformer aux droits des femmes depuis l’adoption en 1948 de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme. Cet article explique que les États ne tendent à obéir au droit international qu’à la suite d’interventions répétées de la part des acteurs transnationaux. Afin d’encourager la soumission des États, on doit donc, en premier lieu, habiliter plus d’intervenants intéressés par la situation des femmes, surtout celle des femmes marginalisées. En second lieu, il importe d’explorer comment les différentes tribunes, tant au niveau régional qu’international, ont servi ou pourraient servir dans l’application du domaine des droits de l’homme aux préjudices vécus par les femmes. En rapport avec cette deuxième étape, l’article fait un survol de la jurisprudence au sujet des femmes élaborée par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, par la Commission interaméricaine des droits de l’homme et par les différentes instances internationales établies par traités. Une troisième étape pouvant favoriser cette soumission des États, consiste à évaluer les stratégies sur la meilleure façon de mettre en oeuvre les droits des femmes dans le droit, les politiques et les pratiques internes de ceux-ci. Relativement à cette dernière étape, l’article identifie quelques-unes des observations et conclusions clé formulées dans les rapports sur les États préparés par les instances internationales conventionnelles, et prend note du fait que la majorité des États se doivent, aujourd’hui encore, de modifier leurs lois afin de respecter ces observations. En conclusion, l’article examine comment un système de sanctions et de récompenses, ou une combinaison des deux, pourrait servir à améliorer pour le futur l’acquiescement des États aux prescriptions des droits humains établis en faveur des femmes.

ES :

Este articulo examina las razones por las cuales los Estados de los continentes americanos tardaron en conformarse a los derechos de las mujeres desde la adopción en el 1948 de la Declaración americana de los derechos del Hombre. Este artículo explica que los Estados tienden a obedecer el derecho internacional sólo después de repetidas intervenciones por parte de actores transnacionales. Con el fin de alentar la sumisión de los Estados, se debe, en una primera etapa, facultar más actores interesados en asuntos de mujeres, sobre todo los que se refieren a mujeres marginadas. Una etapa siguiente consiste en explorar como los distintos foros, tanto a nivel regional como internacional, sirvieron o podrían servir para la aplicación de los derechos del hombre en relación con los perjuicios experimentados por las mujeres. Consecuentemente con esta segunda etapa, el articulo revisa la jurisprudencia sobre asuntos de mujeres elaborada tanto por la Corte como por la Comisión interamericana de derechos humanos así como por las diferentes instancias internacionales establecidas por tratados. Una tercera etapa, hacia el fomento de la sumisión de los Estados consiste en valorar las estrategias sobre la mejor manera para «internalizar» los derechos de las mujeres en el derecho, en las políticas y en las prácticas internas de dichos estados. En relación con esta última etapa, el articulo identifica las observaciones y conclusiones claves formuladas respecto de los informes sobre los Estados por parte de organismos internacionales convencionales, y toma nota del hecho de que la mayoría de los Estados deben modificar, todavía hoy en día, sus leyes para respetar esas observaciones. En conclusión, el artículo examina como un sistema de sanciones y recompensas, o una combinación de los dos, podría servir para mejorar, en el futuro, el cumplimiento de los Estados con los derechos humanos que benefician a las mujeres.

ES :

En años recientes la redefinición de las relaciones entre los pueblos indígenas y el estado nacional en America Latina, basadas en el indigenismo, está al orden del dia. Como parte de ese nuevo debate, el tema de los derechos humanos ha llegado a ser prioritario y, de hecho, el marco de referencia obligado para la discusión. En este articulo el autor muestra como en ese debate resulta significativa la discusión que ha tenido lugar en las Naciones Unidas, en el marco de la construcción de un sistema internacional de protección a los derechos humanos. Esta actividad se caracteriza por diferentes marcos referenciales. Primero el marco de la protección universal de los derechos humanos, más que todo en materia de discriminación racial. El segundo eje está constituido por los trabajos relativos a la protección de minorías. Además ese instrumental internacional contiene un tercer elemento, el derecho de todos los pueblos a la libre determinación. El autor nos recuerda que se procedió a un extenso estudio sobre la discriminación contra poblaciones indígenas a raíz del cual se creó un Grupo de Trabajo sobre Poblaciones lndígenas en el seno de la ONU y se elaboró un proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas (DPI). Por otra parte resulta incongruente que en la actualidad sólo el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sea el único instrumento jurídico internacional ya ratificado que se refiere específicamente a los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, el autor nos procura una visión de los esfuerzos en pro de los derechos indígenas en el sistema regional interamericano, cuyos resultados son magros, a pesar del hecho que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha preparado también un Proyecto de Declaración Interamericano sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Para el autor, el reconocimiento progresivo de los derechos indígenas en el marco del derecho internacional constituye sin duda un paso adelante en la consolidación de los derechos humanos. Las luchas indígenas por sus derechos se inscriben en un largo proceso de democratización y concientización. Lo que le permite de concluir que «más allá de los derechos humanos de los pueblos indígenas, las sociedades nacionales y la comunidad mundial serán más democráticas en la medida en que estos derechos sean reconocidos y respetados».

FR :

Ces dernières années, la redéfinition des relations entre les peuples autochtones et l’état national en Amérique latine, basées sur l’indigénisme, est à l’ordre du jour. Prenant part à ce nouveau débat, le thème des droits de l’homme est devenu prioritaire et, de fait, le cadre de référence obligé de la discussion. Dans cet article, l’auteur démontre à quel point la discussion qui a eu lieu aux Nations Unies offre des résultats considérables dans le cadre de la construction d’un système international de protection des droits de l’homme. Cette activité se caractérise par différents cadres référentiels. Premièrement, il est question du cadre de la protection universelle des droits de l’homme, principalement en matière de discrimination raciale. Le deuxième cadre est constitué par les travaux liés à la protection des minorités. Et puis, cet instrument international contient un troisième élément : le droit de tous les peuples à l’autodétermination. L’auteur nous rappelle qu’une étude étendue portant sur la discrimination contre les populations autochtones a été menée. C’est à partir de cette étude qu’un Groupe de travail sur les populations autochtones a été créé au sein de l’ONU et qu’un projet de Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DPA) a été élaboré. D’autre part, il résulte qu’à ce jour, seul l’Accord 169 sur les peuples indigènes et tribaux au sein de pays indépendants soit le seul instrument juridique déjà ratifié qui fait référence spécifiquement aux droits des peuples indigènes. Finalement, l’auteur nous procure une vision des efforts en faveur des droits des autochtones au sein du système régional interaméricain, dont les résultats sont maigres, malgré le fait que la Commission interaméricaine des droits de l’homme de l’OÉA ait aussi préparé un projet de Déclaration interaméricaine sur les droits des peuples autochtones. Pour l’auteur, la reconnaissance progressive des droits de ces derniers dans le cadre du droit international constitue sans doute un pas de l’avant vers la consolidation des droits de l’homme. Les luttes des autochtones pour leurs droits s’inscrivent dans un long processus de démocratisation et de conscientisation. Ce qui lui permet de conclure qu’ « au-delà des droits humains des peuples autochtones, les sociétés nationales et la communauté mondiale seront plus démocratiques dans la mesure où ces droits sont reconnus et respectés ».

EN :

Redefining the relations between Indigenous Peoples and the State in Latin America, once aimed at the former's acculturation, has been topical over the past few years. Taking part in this new debate, human rights have become primordial, and in fact have become the requisite framework for discussion. In this article the author demonstrates to what extent the discussion within the United Nations has had a significant impact on the development of an international System for the protection of human rights; a development comprising various elements.

First, there is the question of the scope of the universal protection of human rights, mainly in respect to racial discrimination. There is also the framework comprising work relating to the protection of minorities. Finally, the international system contains a third element; the right of all Peoples to self-determination.

The author recalls an extended study dealing with discrimination against Indigenous Peoples. It is from this study that a Working Group on Indigenous Populations was created within the UN and a draft of a Declaration of the Rights of lndigenous Peoples emerged. On the other hand there remains the incongruous result that, to this day, Convention no 169 relating to lndigenous and Tribal People within Independent States adopted by the International Labour Organization (ILO) is the only legal instrument already ratified that refers specifically to lndigenous Peoples’ rights.

Finally, the author provides an overview of the situation within the Inter-American System, where the results are meagre despite the fact that the Inter-American Commission on Human Rights of the OAS prepared a Draft of the Inter-American Declaration on the Rights of lndigenous Peoples.

According to the author, the progressive recognition of lndigenous rights within the international framework no doubt constitutes a step forward for the consolidation of human rights. The lndigenous Peoples’ struggle for their rights is part of a long process of democratisation and consciousness raising. The author therefore concludes that “beyond the human rights of lndigenous Peoples, nation states as well as the global community will become more democratic insofar as such rights are recognised and respected.”

ES :

La discriminación basada en el sexo es, sin duda, fuente de numerosas violaciones de los derechos de la persona que sufren las mujeres. Pero, sin poner en tela de juicio la visión según la cual todos los derechos de la persona son indivisibles e interdependiantes, resulta imposible ignorar el hecho que la discriminación fundada en el sexo afecta a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de las mujeres que son, a menudo, los más violados. Además, estas violaciones tienen como efecto de privar a las mujeres de otros derechos tradicionales como son sus derechos civiles y políticos.

En el marco de una perspectiva de género, podemos constatar que ciertos derechos de los que benefician las mujeres, están fundados en características fisiológicas, al mismo tiempo que otros se fundan en la construcción social del papel atribuido a las mujeres en la sociedad. En este artículo se aclara qué las mujeres en algunas situaciones necesitan una protección jurídica particular.

Existen muchos instrumentos, tanto a nivel internacional como regional, que aspiran a proteger los DESC de las mujeres. Esos instrumentos ofrecen a las mujeres una protección muy amplia en cuanto a los derechos enunciados. Este artículo nos hace conocer los desaflos revelados por el enfoque de género en cuanto a la protección de tales derechos y las innovaciones en esta materia, con estudios de casos sobre algunos derechos como los derechos de propiedad y otros de carácter patrimonial, así como también el derecho de las mujeres a la protección contra la violencia. Se examina también los mecanismos de protección de los DESC de la mujer a nivel internacional, como en el sistema interamericano. La autora concluye al examinar los DESC de la mujer, que es posible encontrar una serie de aspectos relacionados con la visión tradicional de los derechos humanos que son superados por redefiniciones producidas bajo una perspectiva de género, la cual imprime un nuevo aire a derechos que se encontraban hasta el presente poco desarrollados. La «consistencia» en los avances propuestos en materia de DESC, especialmente desde una perspectiva de género, sigue siendo uno de los retos más importantes que se enfrentan en la actualidad en el campo de los derechos humanos.

FR :

La discrimination fondée sur le sexe est sans aucun doute la source de nombreuses violations des droits de la personne dont souffrent les femmes. Par contre, sans vouloir remettre en cause la vision selon laquelle tous les droits de la personne sont indivisibles et interdépendants, il est impossible d’ignorer le fait que la discrimination fondée sur le sexe affecte les droits économiques, sociaux et culturels (ECOSOC) des femmes, qui sont les droits le plus souvent violés. De plus, ces violations ont pour effet de priver les femmes d’autres droits traditionnels, leurs droits civils et politiques.

En mettant l’accent sur une perspective de genre, nous constatons que certains droits dont bénéficient les femmes, sont fondés sur des caractéristiques physiologiques, tandis que d’autres se fondent sur la construction sociale du rôle attribué aux femmes dans la société. Dans cet article, l'auteur soutient qu'en certaines circonstances les femmes ont besoin d'une protection juridique particulière.

Il existe plusieurs instruments, tant internationaux que régionaux, qui visent à protéger les droits ECOSOC des femmes. Ces instruments offrent aux femmes une protection ample sous l’angle des droits qui y sont énoncés. L’article nous fait justement connaître les défis et les innovations révélés par une perspective basée sur le genre quant à la protection de ces droits, en présentant une étude de cas de certains de ces droits; ceux relatifs aux droits de propriété et d’autres de caractère patrimonial, ainsi que celui du droit des femmes à la protection contre la violence. Cet article examine aussi les mécanismes de protection des droits ECOSOC des femmes autant au niveau international qu’au niveau du système interaméricain. L’auteur conclue, au sujet de ces droits ECOSOC des femmes, qu’il est possible d’identifier un ensemble d’aspects liés à une vision traditionnelle des droits de l’homme qui sont maintenant dépassés par les rédéfînitions que présuppose une perspective du genre. Cette dernière insuffle de l’air frais à certains droits qui, encore aujourd’hui, étaient peu développés. La « consistance » dans les progrès envisagés en matière des droits ECOSOC des femmes, en particulier à partir d’une perspective basée sur le genre, demeure un des plus importants défis à relever en ce moment dans le domaine des droits de l’homme.

EN :

Sex-based discrimination is undoubtedly the source of many violations of the human rights of women. On the other hand, without questioning the vision we share that all human rights are indivisible and interdependent, it is impossible to ignore that in terms of discrimination based on sex, the economic, social and cultural (ECOSOC) rights of women are the ones most frequently violated. In addition, violations of these rights impede women's enjoyment of other more traditional political or civil rights.

A gender perspective recognizes that some of women’s rights are related to physical characteristics, but others are based on the social construction of women’s roles within societies. In this article, it is argued that in certain situations, women require a special legal protection. Various international and regional instruments for the protection of economic, social and cultural rights of women exist. These instruments offer a wide protection in terms of the rights enunciated. This article reveals some of the innovations and challenges unearthed by a gender perspective on the protection of women's ECOSOC rights, by reviewing case studies conceming the rights to property and other patrimony rights, and the right to protection against violence. International and inter-American mechanisms to protect the ECOSOC rights of women are also examined. The author concludes that, through the ECOSOC rights of women, it is possible to identify several aspects linked with a traditional approach of human rights that have been surpassed nowaday by redefinitions deriving from a gender perspective. That’s the way to breathe fresh air to some rights not much developed until now. "Consistency" in terms of the proposed progress about the ECOSOC rights of women remains, especially from a gender perspective, one of the most important challenge confronting the human rights domain at this time.

FR :

Cet article s’intéresse à la fois au contrôle juridique des pollutions d’origine maritime, à celui des pollutions d’origine terrestre, et au droit relatif à la gestion des zones côtières, pour décrire l’effet des textes internationaux et de la pratique des États sur la protection de l’environnement côtier. Comment ces trois régimes, différents et souvent parallèles, dont les objectifs sont communs, mais inspirés de principes parfois divergents ou contradictoires, coexistent-ils ? Pour décrire le portrait juridique général des zones côtières qu’ils concourent à composer, l’auteur tient compte de l’ordre chronologique de l’adoption des principaux textes et ensuite de l’importance relative de ceux-ci.

La première partie de ce texte traitera du contrôle juridique des pollutions provenant de la mer (1), principalement les marées noires; la deuxième partie, du droit relatif aux pollutions côtières d’origine terrestre (2) et la troisième partie portera sur la gestion des zones côtières (3). Au-delà des différences conceptuelles, l’auteur tente de faire ressortir les points de convergence entre les principaux régimes de protection des zones côtières, de même que les points forts et les faiblesses de ces efforts de globalisation.

Les façons de contrôler la pollution côtière diffèrent selon la provenance de cette pollution. D’une part, le contrôle de la pollution dont les navires sont la source se caractérise d’abord par son aspect préventif, surtout dans le cas d’hydrocarbures : ce texte décrit l’évolution du régime de réparation qui existe en ces circonstances, de même que le régime de prévention qui s’est développé, en les inscrivant dans une perspective globale. La sécurité du transport maritime ayant des répercussions importantes sur la protection des zones côtières, cet article traite de la sécurité de la navigation et de la responsabilisation des États.

Ensuite, le contrôle de la pollution côtière provenant des activités terrestres, soit le contrôle des polluants atmosphériques d’une part et le traitement des eaux usées de même que l’immersion de déchets d’autre part font l’objet de cette étude.

Enfin, la protection de l’environnement côtier, soit par la gestion intégrée des zones côtières, soit par l’aménagement d’aires protégées sera décrite : la première apparaît de plus en plus comme une voie de conciliation des approches contradictoires existant entre le droit de l’urbanisme et le droit de l’environnement.

EN :

This article deals with juridical control of land and marine pollution, as well as the law concerning management of coastal regions, in order to describe the effect of international covenants and state practice on the protection of the coastal environment. The author examines how the three different systems, which are often parallel and share common goals, though based on diverging or contradictory principles, co-exist. The author outlines the chronological order in which the principal instruments were adopted, as well as their relative importance, in order to describe the general legal framework relating to coastal areas towards which the three different systems work.

The first part of the article deals with the juridical control of pollutants emanating from the ocean, mainly in respect of oil slicks; the second part deals with the law respecting land pollution; the third part focuses on the management of coastal regions. Beyond the conceptual differences, this article attempts to emphasize the converging elements within these systems aimed at protecting coastal regions, as well as the strengths and weaknesses of globalization efforts.

The methods of controlling coastal pollution are distinguished according to the source of such pollutants. On the one hand, the control of pollution emanating from ships is characterized mainly by its preventative measures, primarily in the case of hydrocarbons: this article describes the evolution of the reparation regime available in such circumstances, as well as the established prevention methods, etched out in a global perspective. As marine transport security plays an important role in protecting coastal regions, the author examines naval safety and the responsibility of states in that matter.

This article also deals with control of coastal pollution emanating from the land, such as atmospheric pollutants, and the treatment of liquid waste, as well as waste immersion. Finally, coastal environment protection, either through integrated coastal region management or through the development of protected areas, is also discussed. The author suggests that the first approach appears more and more as a means of conciliation between the contradictory approaches offered by the law of urban planning and environmental law.

ES :

Este artículo se interesa a la vez por el control jurídico de las contaminaciones de origen marítimo y terrestre así como por el derecho relativo a la gestión de zonas costeras, para describir el efecto de textos internacionales y de la práctica de los Estados sobre la protección del medio ambiental costero. Como estos tres regímenes, diferentes y frecuentemente paralelos, comparten objetivos comunes, pero inspirados de principios a veces divergentes o contradictorios, ¿coexisten? Para describir el retrato juridico general de las zonas costeras que concurren en componer, este articulo tiene en cuenta el orden cronológico de la adopción de los principales textos y luego, la importancia relativa de esos textos.

La primera parte de este texto tratará del control jurldico de las contaminaciones procediendo del mar (1), principalmente las mareas negras; la segunda parte, del derecho relativo a las contaminaciones costeras de origen terrestre (2) y la tercera parte se interesará en la gestión de las zonas costeras (3), Mas allá de las diferencias conceptuales, este texto intentará resaltar los puntos de convergencia entre los principales regímenes de protección de las zonas costeras, así como las fuerzas y debilidades de esos esfuerzos de globalización.

El control de la contaminación costera se distingue según el origen de la contaminación. Por una parte, el control de la contaminación cuya fuente son las naves, se caracteriza en primer lugar por su aspecto preventivo, sobretodo en el caso de los hidrocarburos: este texto describe la evolución del régimen de reparación que existe en esas circunstancias, así como el régimen de prevención que se desarrolló, inscribiéndolo en una perspectiva más global. La seguridad del transporte marítimo teniendo repercusiones importantes sobre la protección de las zonas costeras, este articulo trata de la seguridad de la navegación y de la responsabilización de los Estados.

Luego, el control de la contaminación costera procediendo de actividades terrestres, sea el control de los contaminantes atmosféricos por una parte y el tratamiento de las aguas usadas así como la inmersión de desechos son el objeto de este estudio.

En fin, la protección del medio ambiental costero, sea por la gestión integrada de las zonas costeras, sea por la instalación de espacios protegidos, será descrita: la primera aparece cada vez más como via de conciliación de los enfoques contradictorios entre el derecho del urbanismo y el derecho del medio ambiental.

FR :

L’auteur s’interroge sur la nature de « l’ordre public » applicable à l’arbitrage international du Québec en étudiant la législation et la jurisprudence québécoise sur l’arbitrage interne et international. Les considérations d’ordre public interne prévalent-elles sur l’arbitrage international au Québec ou bien sont-elles des considérations d’ordre public international, limitant le moins possible ce mode privé de résolution de différends ?

L’auteur s’inspire d’abord du débat sur le caractère de « l’ordre public tel qu’entendu dans les relations internationales » adopté en droit international privé par le législateur québécois en 1994, après un long débat de près de vingt ans entre l’adoption « de l’ordre public interne » et de cet « ordre public international ». L’auteur étudie l’ « ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales », de ce mode judiciaire de résolution des litiges internationaux, à la fois dans les règles du choix de la loi applicable par les tribunaux québécois et dans les règles de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers au Québec.

L’auteur compare ensuite la précision du législateur québécois en droit international privé quant au choix de « l’ordre public international » dans le chapitre X du Code civil du Québec et l’imprécision du législateur québécois en matière d’arbitrage international. L’auteur analyse l’utilisation de « l’ordre public » comme limite à ce mode privé de résolution des différends dans les instruments internationaux. Puis, elle poursuit avec « l’ordre public » des instruments législatifs québécois : dans la détermination de la compétence arbitrale (ou de l’arbitrabilité), dans la procédure arbitrale, dans le choix de la loi applicable par l’arbitre, dans le contrôle par les tribunaux, par homologation de sentences arbitrales internes et par la reconnaissance et l’exécution de sentences arbitrales étrangères, du choix de la loi applicable par l’arbitre. L’auteur étudie aussi les limites du droit international privé québécois imposées à l’arbitrage international portant sur les contrats d’emploi et de consommation.

Enfin, l’auteur conclut en déplorant l’imprécision de la référence à « l’ordre public » en arbitrage international au Québec, mais encourage néanmoins les tribunaux québécois à se référer à un « ordre public international » quand ils sont appelés à limiter le recours de parties privées à l’arbitrage international.

EN :

The author examines the concept of internal public order with respect to international arbitration, by exploring internal and international legislation and case-law in Quebec which deal with international and internal arbitration. Do the international public order considerations relating to international arbitration in Quebec prevail or are those public order considerations aimed at limiting, as little as possible, this private means of resolving differences?

The author draws firstly on the debate surrounding the nature of public order as defined in international relations prevailing, in private international legislation, adopted by the Quebec legislator in 1994, following much controversy which lasted for over 20 years, between the time of the adoption of the internal public order and this international public order. The author then examines the public order as defined in international relations as relating to the means of resolving differences on the international level, through the rules dealing with the applicable jurisdiction and the recognition and enforcement of foreign judgements as determined by Quebec tribunals.

The author then compares the details provided by the Quebec legislator with respect to the choice, in private international law, of the international public order as provided for in Chapter X of the Civil Code of Quebec and the lack thereof when dealing with international arbitration. The author analyses the use of this public order as a limiting factor in resolving differences within international instruments. She then provides an overview of the question of public order within provincial instruments with respect to the determination of arbitration jurisdiction in procedure, in the choice of applicable legislation by the arbitrator, in the control by tribunals, in the ratification of international arbitration awards and in the recognition and enforcement of foreign arbitration awards. The authors analyses the limits of the Quebec private international legislation with respect to international arbitration in cases dealing with employment contracts and consumer affaire.

Finally, the author deplores the fact that the reference to the public order in international arbitration in Quebec is not sufficiently precise but believes that the Quebec tribunals should refer to the international public order when faced with a situation where limits must be imposed to private parties exercising their rights in international arbitration.

ES :

La autora se interroga sobre la naturaleza del «orden público» aplicable al arbitraje internacional de Quebec estudiando la legislación y la jurisprudencia quebequense en materia de arbitraje interno e internacional. ¿Prevalen las consideraciones de orden público interno sobre el arbitraje internacional en Quebec o son ésas consideraciones de orden público internacional, limitando lo menos posible ese modo privado de resolución de litigios?

La autora se inspira en primer lugar del debate sobre el carácter del «orden público tal como entendido en las relaciones internacionales» adoptado en derecho internacional privado por el legislador quebequense en el 1994, después de un largo debate de casi 20 años entre la adopción del «orden público interno» y de ese «orden público internacional». La autora estudia el «orden público tal como entendido en las relaciones internacionales», de ese modo judicial de resolución de los litigios internacionales, a la vez en las reglas de la elección de la ley aplicable por los tribunales quebequenses y en las reglas de reconocimiento y de ejecución de los juicios extranjeros en Quebec.

La autora contrasta luego la precisión del legislador quebequense en derecho internacional privado en cuanto a la elección del «orden público internacional» en el capitulo X del Código civil de Quebec y la imprecisión del legislador quebequense en materia de arbitraje internacional. La autora analiza la utilización del «orden público» como limite de ese modo privado de resolución de litigios en los instrumentos internacionales. Después, continua con el «orden público» de los instrumentos legislativos quebequenses: en la determinación de la competencia arbitral (o de la arbitrabilidad), en la actuación arbitral, en la elección de la ley aplicable por el arbitro, en el control por los tribunales, por homologación de sentencias arbitrales internas y por el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, de la elección de la ley aplicable por el arbitro. La autora estudia también los limites del derecho internacional privado quebequense impuestos al arbitraje internacional en cuanto a los contratos de empleo y de consumo.

En fin, la autora concluye lamentando la imprecisión de la referencia al «orden público» en el arbitraje internacional en Quebec, pero anima no obstante los tribunales quebequenses a referirse a un «orden público internacional» cuando tienen que limitar el recurso de partes privadas al arbitraje internacional.

FR :

Cet essai explore les liens entre la dégradation de l’environnement et l’insécurité internationale. Les travaux sur cette notion font référence à quatre approches distinctes selon que l’objet d’étude soit l’environnement, l’individu, l’État ou le système international. Dans ce dernier cas, on peut identifier quatre séries d’hypothèses reliant la dégradation de l’environnement et les insécurités internationales : i) certaines activités d’un État à l’égard d’une ressource essentielle peuvent être jugées menaçantes par un autre État; ii) des instabilités internes engendrées par la dégradation de l’environnement peuvent déborder au delà des frontières; iii) la protection de l’environnement peut servir de prétexte à la poursuite d’objectifs de puissance traditionnels; et iv) l’état de l’environnement peut être évoqué afin de gagner un soutien international à des objectifs politiques internes traditionnels.

En conclusion, l’apport analytique de la notion de sécurité environnementale est jugé plutôt faible. Toutefois, ses dimensions instrumentales et psychosociologiques méritent plus d’attention. Si l’environnement peut devenir source de conflits, c’est dans la mesure où les changements environnementaux favorisent l’émergence d’un sentiment d’insécurité qui peut être utilisé comme instrument de politique intérieure ou extérieure.

EN :

This essay examines the connection between environmental damage and international insecurity. The studies relating to this area make references to four distinct approaches according to whether the focus is the environment, the individual, the state or the international system. In this last approach, we can identify four hypotheses linking environmental damage and international insecurity: i) some activities of a state in respect to an essential resource may be perceived as threatening by another state; ii) some of the internal instabilities resulting from the environmental damage may overflow beyond borders; iii) environmental protection may be used as a pretext for traditional power struggles; and iv) the state of the environment may be invoked in order to gain international support for traditional internal political agendas.

In conclusion, the analytical contribution of the idea of environmental security is consideredrather weak. However, the instrumental and psychological dimensions should be consideredmore carefully. If the environment can become a source of conflict, it is where environmentalchanges promote the emergence of a feeling of insecurity that it may be used as an extemal orinternai political means.

ES :

Este ensayo explora las relaciones entre la degradación del medio ambiente y la inseguridad internacional. Los trabajos sobre esta noción hacen referencia a cuatro enfoques distintos según que el objeto estudiado es el medio ambiente, el individuo, el Estado o el sistema internacional.. En este último caso, se puede identificar cuatro series de hipótesis que establecen enlaces entre la degradación del medio ambiente y las inseguridades internacionales : i) ciertas actividades de un Estado con respecto a un recurso esencial pueden ser juzgadas amenazadoras por otro estado, ii) instabilidades internas generadas por la degradación del medio ambiente pueden impactar más alta de las fronteras, iii) la protección del medio ambiente puede servir de pretexto para proseguir objetivos de potencia tradicionales y iv) el estado del medio ambiente puede ser evocado para ganar apoyo internacional en objetivos pollticos internos tradicionales. En conclusión, la contribución analítica de la noción de seguridad medio-ambiental se muestra bastante débil. Sin embargo, sus dimensiones instrumentales y sicológicas se merecen más atención. Si el medio ambiente puede convertirse en una fuente de conflictos, la perspectiva que los cambios medioambientales favorecen la emergencia de un sentimiento de inseguridad que puede ser utilizado como instrumento polltico interior o exterior.

FR :

Dans cet article, l’auteur donne un aperçu des différentes politiques d’immigration, restrictive et négative, qui ont cours dans les divers pays de l’Union européenne. II fait état des mouvements migratoires survenus entre 1973 et 1993, de la provenance des immigrants et des destinations choisies par ceux-ci. Il indique que le plus grave problème rencontré dans les pays de l’Union européenne réside dans le fait que l’immigration illégale tend à causer une augmentation considérable du nombre d’immigrants et que, dû au manque de contrôle douanier en cette matière, il est très difficile d’estimer correctement le nombre réel d’immigrants.

Il examine également les diverses dispositions contenues dans les instruments et plans de travail mis en oeuvre pour contrôler, notamment, les admissions, les réadmissions, les limitations des permissions d’accès et l’octroi de visas et ce, pour les travailleurs migrants et les membres des familles de réfugiés, pour n’en nommer que quelques groupes visés.

Il brosse une image plutôt négative des interventions faites par les différents gouvernements et instances chargées de l’exécution des instruments relatifs au contrôle de l’immigration, des ressources limitées au contrôle de l’immigration et déplore le manque de transparence de la part des gouvernements lorsqu’il s’agit d’adapter les lois internes de des différents États aux lois internationales. Il soulève également les enjeux politiques, économiques et sociaux reliés à la protection effective des peuples immigrés et fait état des diverses alternatives mises de l’avant par les gouvernements afin d’arriver à une politique d’immigration harmonisée.

EN :

In this article, the author outlines the various immigration policies, restrictive and negative, which have been developed in the various States members of the European Union. He examines the migration movements which have been observed between 1973 and 1993, the countries from which the immigrants came from and the countries to which they were asking asylum. It appears quite difficult to properly assess the actual number of immigrants in those countries, as the illegal immigration, because of the lack of control, tends to throw off the numbers with respect to immigrants.

The author examines the various provisions contained in instruments and working plans which have been elaborated in order to control admissions, readmissions, limitations in access permissions and granting of visas for, among others, migrant workers and the families of refugies.

The author paints a rather negative picture of the intervention of the various governments and execution bodies with respect to immigration control. He points out that resources are limited for such a control and deplores the lack of transparency from govemments from the European Union when it comes to adapting internal legislation to international laws. He points out the political, economic and social stakes related to effective protection of immigrants and points out the alternatives which have been suggested by governments in order to adopt a more coherent policy with respect to immigration.

ES :

En este artículo, el autor explica las diferentes políticas de inmigración (restrictiva y negativa) presentes en los diversos palses de la Unión europea. En su texto, tiene cuenta de los movimientos migratorios que ocurrieron entre el 1973 y el 1993, de la procedencia de los inmigrantes y de los destinos que eligieron en aquel momento. Indica que el problema el más grave encontrado por los países de la Unión europea radica en el aumento considerable del número de inmigrantes ocasionado por la inmigración ilegal, y que, resulta muy dificil evaluar correctamente el número real de inmigrantes por falta de control aduanero.

El autor explora también las diversas disposiciones contenidas en los instrumentos y planes de trabajo puestos en obra para controlar, entre otras cosas, las admisiones, las readmisiones, las limitaciones de los permisos de acceso y el otorgamiento de visas para los trabajadores migrantes y los miembros de familias refugiadas, para nombrar algunos de los grupos implicados.

Esboza una imagen más bien negativa de las intervenciones de los diferentes gobiernos e instancias encargados de la ejecución de los instrumentos relativos al control de la inmigración. No es más positiva la imagen que nos transmite de los recursos limitados al control de la inmigración. Deplora también la falta de transparencia por parte de los gobiernos cuando se trata de adaptar las leyes de los diferentes Estados a las leyes internacionales. Finalmente, plantea los desaflos políticos, económicos y sociales relacionados con la protección efectiva de los pueblos inmigrados y trata de las diversas alternativas propuestas por los gobiernos con el fin de llegar a una política de inmigración harmonizada.